Prohibición de vapeadores: ¿Protección a la salud o populismo punitivo con cárcel?

Con 76 votos a favor, el Senado de la República convirtió en delito grave la producción, importación y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México. Las penas: hasta ocho años de prisión. El consumo personal, por ahora, no se castiga. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se viste con el traje de la protección a la salud, especialmente de jóvenes. Suena a medida contundente y necesaria. Pero bajo la superficie, las preguntas incómodas brotan: ¿una prohibición absoluta es la solución, o es la receta perfecta para engordar un mercado negro ya enorme y descontrolado?

El discurso de la salud vs. la evidencia de la prohibición

El argumento oficial es sólido en su superficie: los vapeadores representan un "riesgo sanitario", su contenido es poco regulado y su uso se ha disparado entre adolescentes, creando una nueva generación de dependientes a la nicotina. No hay duda de que el fenómeno requiere atención y regulación estricta. La pregunta es el método.

La historia de las prohibiciones absolutas en México —desde ciertas drogas hasta el alcohol en el pasado— es una historia de fracasos. No eliminan el consumo; lo desplazan a circuitos ilegales, sin controles de calidad, sin impuestos, y enriquecen a organizaciones criminales. ¿Quién controlará el mercado negro de cartuchos y dispositivos que surgirá mañana? ¿La misma autoridad que no puede con el contrabando de cigarros tradicionales?

• La medida ignora experiencias de otros países que optaron por una regulación estricta (edad mínima, estándares de calidad, impuestos especiales) en lugar de la prohibición.
• Se criminaliza al pequeño comerciante, mientras las causas profundas del consumo juvenil (mercadotecnia agresiva, acceso) no se atacan con la misma fuerza.
• El enfoque es punitivo, no de salud pública: cárcel para el vendedor, pero sin una estrategia masiva de prevención y tratamiento para los usuarios.

El populismo punitivo: cárcel como respuesta fácil

Castigar con penas de prisión equivalentes a las de algunos delitos violentos la venta de un dispositivo de consumo masivo es una muestra de populismo punitivo. Es una respuesta que luce fuerte en los titulares, que satisface a ciertos grupos de presión, pero cuya aplicabilidad y consecuencias no han sido pensadas a fondo. Las cárceles mexicanas están sobrepobladas de pequeños delincuentes; añadir a vendedores de vapeadores no hará más justicia, solo más caos.

Además, la reforma nace de una lógica binaria: o está permitido o es un delito grave. Pierde la oportunidad de establecer un marco regulatorio inteligente que, reconociendo los riesgos, ofrezca alternativas más seguras para adultos fumadores que buscan abandonar el cigarro tradicional —el verdadero asesino— y proteja a los jóvenes con herramientas más sofisticadas que el simple 'no'.

Conclusión: Un problema de salud, no de cárcel

Proteger la salud de los jóvenes es un imperativo. Pero la solución no puede ser tan simplista como sacar el garrote de la cárcel. Se requiere educación, regulación de la publicidad, apoyo a la cesación tabáquica y, sí, un control estricto sobre la composición y venta de estos productos. Prohibir y amenazar con prisma fácil; regular con inteligencia es el verdadero desafío.

México se apunta otro tanto en la lista de países que optan por la vía más dura y menos efectiva. Dentro de unos años, cuando el mercado negro florezca y los adolescentes sigan consiguiendo dispositivos de dudosa procedencia, quizás miremos atrás y nos preguntemos si no había una manera más sensata, menos espectacular y más eficaz de abordar el problema. Por ahora, el Senado puede celebrar su votación. La salud pública, probablemente, no.