Javier Duarte: La Fiscalía juega al gato y al ratón para evitar su salida de prisión

La libertad anticipada se le negó en noviembre, causando revuelo político. Ahora, a menos de cinco meses de que venza su sentencia de nueve años por corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) presenta una nueva acusación contra Javier Duarte, exgobernador priista de Veracruz. El cargo: un desvío de 10 millones de pesos. Es la primera de una serie anunciada. El mensaje parece claro: Duarte no saldrá tan fácilmente. Pero detrás de este movimiento legal tardío hay un tufo a venganza política y a una justicia selectiva que actúa por presión pública, no por mera convicción jurídica.

El calendario de la conveniencia

La cronología habla por sí sola. Duarte fue detenido en 2017, extraditado y condenado. Su salida estaba programada para abril de 2026. Cuando en noviembre un juez negó su libertad anticipada —una decisión celebrada en muchos sectores—, la maquinaria de la FGR, entonces aún bajo Alejandro Gertz Manero, se puso en marcha. ¿Por qué estos nuevos cargos no se presentaron antes, durante el largo proceso inicial? ¿Es que la evidencia surgió de repente, o es que la presión mediática y política obligó a sacar del cajón casos dormidos?

La defensa del exmandatario alega que es una "reprimenda" por haber solicitado la libertad. El gobierno federal lo niega, argumentando la magnitud del desfalco veracruzano. Ambas versiones pueden ser ciertas al mismo tiempo: el desfalco fue monumental, y la acción legal es oportuna y reactiva.

• La estrategia es clara: presentar cargos uno tras otro para prolongar el proceso y evitar la excarcelación.
• Se usa el sistema legal no solo para castigar, sino para mantener a una figura política incómoda fuera de circulación.
• El caso se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción, pero también de sus contradicciones.

Justicia reactiva vs. justicia sistemática

El verdadero problema que expone el caso Duarte no es si debe o no salir de prisión. El problema es que la justicia mexicana parece funcionar a golpe de escándalo. Duarte se convirtió en el rostro de la corrupción priista, y por ello ha sido perseguido con más ahínco que otros exgobernadores cuyos desfalcos fueron igual de grandes, pero cuyas conexiones políticas eran distintas.

Esto no exculpa a Duarte; lo culpabiliza aún más. Pero pone en evidencia un sistema de justicia que carece de independencia y sistematicidad. Actúa cuando la presión es insostenible, cuando el costo político de no hacerlo es alto. ¿Cuántos 'Duartes' hay cuyos expedientes están polvorientos en un archivo, esperando que alguien en el poder tenga interés en desempolvarlos?

Conclusión: Un récord corrupto y un sistema vengativo

Javier Duarte es, por mérito propio, uno de los exgobernadores más corruptos de la historia reciente. Su lugar debería estar en la cárcel. Sin embargo, la forma en que se está intentando asegurar ese resultado —con cargos nuevos presentados a destiempo— huele más a una partida de ajedrez político que a un proceso jurídico impecable.

México necesita que todos los corruptos, sin distinción de colores partidistas, paguen por sus delitos. Necesita que las investigaciones sean exhaustivas desde el inicio, no reactivas cuando el acusado está a punto de recuperar la libertad. El circo mediático alrededor de Duarte puede dar la impresión de que la justicia avanza. En realidad, lo que muestra es que avanza a trompicones, guiada más por el viento de la opinión pública que por la brújula de la ley. Duarte puede ser el ratón en esta partida, pero el sistema judicial sigue actuando como un gato caprichoso.