El 'Convenio Pendiente' del 25N de Sheinbaum: ¿Compromiso Real o Riesgo de Censura?
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde la mañanera una serie de acciones, entre las que destacó un "convenio pendiente" para combatir la violencia digital contra las mujeres. La iniciativa, en principio loable, ha abierto un debate entre quienes la ven como un paso necesario y quienes temen que pueda convertirse en una herramienta de censura con ropaje de protección de género.
La promesa: proteger a las mujeres en línea
Sheinbaum describió el convenio como un esfuerzo coordinado entre dependencias gubernamentales, plataformas digitales y la sociedad civil para identificar, denunciar y sancionar el acoso, las amenazas y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento (pornovenganza) dirigido a mujeres. El objetivo declarado es hacer de los espacios digitales lugares seguros, un reclamo histórico del movimiento feminista.
La preocupación: la delgada línea entre protección y control
Analistas y defensores de la libertad de expresión levantan una bandera amarilla. Su principal temor es que, en un contexto político polarizado, la definición de "violencia digital" pueda ser interpretada de manera amplia y vaga para incluir la crítica política dura, el disenso o el periodismo de investigación que incomode al poder. ¿Podría una opinión fuerte contra una funcionaria ser judicializada como "violencia de género"?
El precedente y la necesidad de claridad
Existen precedentes en otros países donde leyes contra el discurso de odio o el acoso en línea han sido utilizadas para silenciar a opositores. Por ello, las organizaciones civiles piden que el convenio sea construido con transparencia, con definiciones jurídicas muy precisas que distingan claramente entre el delito (amenazas, acoso sexualizado) y el legítimo ejercicio de la crítica, por dura que sea. La inclusión de organismos autónomos y sociedad civil en su diseño y vigilancia sería clave para ganar credibilidad.
El "convenio pendiente" del 25N se presenta así como una prueba. Puede convertirse en un instrumento pionero de protección para millones de mujeres o, en el peor escenario, en un arma para sofocar el debate público bajo una narrativa de progresismo. La implementación y los detalles marcarán la diferencia.
